El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) mantienen su protección migratoria y autorización de empleo mientras no publique una determinación definitiva. El escenario guarda relación con los venezolanos, cuyos permisos laborales para determinados beneficiarios tienen como fecha clave el 2 de octubre.

Qué dijo el Uscis sobre el TPS de El Salvador

En el caso de El Salvador, el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no comunicaron una decisión final sobre el programa antes del vencimiento del período correspondiente al 9 de septiembre. Ante esta situación, la agencia aclaró que los beneficiarios continúan protegidos.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el programa conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”, aclaró la agencia en su sitio web.

De acuerdo con Associated Press, la falta de una determinación definitiva activa una extensión automática de seis meses, concretamente de 180 días. De esta manera, alrededor de 170.000 salvadoreños permanecen temporalmente amparados por el TPS.

TPS: por qué octubre es una fecha clave para venezolanos

El caso de Venezuela presenta un escenario diferente. Las designaciones del TPS correspondientes a 2021 y 2023 fueron canceladas, pero determinadas personas permanecen protegidas por una orden judicial que mantiene vigentes sus documentos migratorios y laborales hasta el 2 de octubre.

Según el sitio web del Uscis, la designación de 2023 fue objeto de una decisión del DHS para ponerle fin al considerar que Venezuela ya no reunía las condiciones requeridas. Posteriormente, el 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema permitió que esa terminación comenzara a aplicarse de inmediato.

En paralelo, el DHS estableció el fin de la designación de 2021 para el 7 de noviembre de 2025. Entre ambas designaciones, más de 615.000 venezolanos fueron alcanzados por la cancelación del TPS.

Qué venezolanos mantienen su permiso de trabajo EAD hasta octubre

La orden emitida el 30 de mayo de 2025 por la Corte de Distrito del Norte de California estableció una protección para determinados beneficiarios venezolanos. Las personas que se reinscribieron y recibieron el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797 o I-94 con vencimiento el 2 de octubre pueden conservar su autorización laboral hasta esa fecha.

Por ese motivo, el 2 de octubre representa un punto de referencia para miles de venezolanos que todavía cuentan con documentación vinculada al TPS. La situación no equivale a una nueva designación del programa, sino a la protección derivada de la orden judicial mencionada.

Hasta el momento, el Uscis no emitió ningún aviso adicional con respecto a estos beneficiarios venezolanos. Al no contarse aún con un pronunciamiento gubernamental ni con un mecanismo claro de prórroga, este sector de la población afronta la inminente pérdida de su protección frente a la deportación y de sus permisos para trabajar legalmente en EE.UU.

Qué alternativas existen ante el fin del TPS

La pérdida o finalización del TPS no significa necesariamente que una persona quede sin opciones migratorias. El Uscis contempla distintas vías que pueden ser evaluadas de acuerdo con las circunstancias particulares de cada inmigrante.

Una posibilidad es determinar si existe elegibilidad para solicitar la green card bajo alguna de las categorías migratorias disponibles. Otra alternativa puede ser el asilo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y el plazo aplicable no haya vencido previamente.

El Uscis también recomienda revisar otras posibilidades migratorias mediante su herramienta para explorar opciones. Por ahora, tanto salvadoreños como venezolanos deben prestar atención a las fechas de sus documentos y a las decisiones oficiales.

• El Gobierno envió a Diputados el Presupuesto 2027. Prevé una inflación del 18% para el próximo año y un dólar que llegará a $1847,60 a fin de año. La estimación del crecimiento del PBI es del 4% y una suba del salario promedio del 25,4%. “Será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin estar el país en default”, dijo el ministro Caputo.
• Creció en agosto la cantidad de juicios por riesgos laborales. Hubo casi 15.000 demandas según las ART y es el segundo mes con mayor cantidad de casos en los 30 años del sistema: representa un incremento interanual de 11,3%. Se proyecta, según la Unión de ART, que el año va a cerrar con poco más de 138.000 causas iniciadas.
• La Reserva Federal de Estados Unidos define si sube las tasas de interés. Hay expectativa en los mercados globales por el anuncio. Según los analistas, lo más probable es que la Fed disponga una suba de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés: así pasaría del rango actual de 3,5-3,75% al de 3,75-4%.
• Boca clasificó a las semifinales de la Sudamericana. Eliminó en Brasil a San Pablo después de empatar 1 a 1 el partido de vuelta de los cuartos de final. El Xeneize ganó la serie por 2-1 y está entre los cuatro mejores del torneo: va a enfrentar a Vasco da Gama en la semifinal. “Estoy orgulloso del grupo”, dijo Rodolfo Arruabarrena tras la clasificación.
• Leo Messi tendrá su partido despedida de la Selección en el país. El capitán fue incluido en la lista de convocados para los amistosos de la próxima fecha FIFA: el homenaje será en el Monumental ante Benín el 6 de octubre. La confirmación llegó a través de un video publicado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien también detalló que van a invitar a todos los campeones del mundo de Qatar.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el migrante colombiano Carlos Felipe Jaramillo-Grajales fue sentenciado a tres años de prisión federal tras confirmar el uso del nombre de un ciudadano estadounidense para obtener su pasaporte y Seguro Social.

Qué se sabe del colombiano que usó una identidad falsa para obtener el pasaporte y Seguro Social

Jaramillo-Grajales tiene 55 años y emigró a EE.UU. hace más de 20 años. En ese tiempo, utilizó el nombre, fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense para conseguir beneficios y documentos gubernamentales.

En marzo de 2003 obtuvo por primera vez una licencia de conducir de Florida a nombre de la víctima, renovándola de forma periódica hasta febrero de 2024. En abril de ese mismo año, solicitó un pasaporte presentándose como ciudadano estadounidense.

El documento fue expedido en mayo de 2003 y lo renovó tanto en febrero de 2013 como en marzo de 2023. “Este inmigrante pasó años explotando la identidad robada de un ciudadano estadounidense para obtener documentos”, señaló Tim Hemker, agente especial adjunto a cargo de HSI en Jacksonville.

En diciembre de 2010, se registró para votar en Florida luego de declararse como ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico. Tras aprobarse su registro, votó en múltiples elecciones. Entre ellos, los comicios generales del 3 de noviembre de 2020.

El uso de su ciudadanía estadounidense falsa en su matrimonio

En septiembre de 2003, se casó con su pareja bajo la identidad falsa que él utilizaba. Al contraer nupcias, la mujer pudo obtener la residencia y la ciudadanía estadounidense en agosto de 2017. La pareja se divorció en enero de 2020.

En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia con un nombre falso. En junio de ese año, su exesposa viajó al país latinoamericano y solicitó una visa de prometido (K-1) para él, pero esta vez utilizando su nombre e identidad real.

Una vez aprobada la visa, regresó de manera legal a EE. UU., se volvió a casar con su exesposa en junio de 2025 y solicitó la residencia permanente fundamentándose en su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Sentencia contra Carlos Felipe Jaramillo-Grajales

El 12 de agosto de este año, el juez federal Harvey E. Schlesinger lo condenó a 3 años de prisión federal luego de haberse declarado culpable de falsedad en solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, declaración falsa sobre un número de Seguro Social y declaración falsa de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.

El tribunal también ordenó que, una vez que cumpla la totalidad de su condena en la cárcel federal, sea deportado de manera inmediata a Colombia.

Tras la resolución, Markwayne Mullin, secretario del DHS, resaltó que la condena pone fin a más de dos décadas de explotación de identidad ilegítima.

“Siempre se luchará por proteger la integridad de nuestras elecciones, porque la seguridad electoral es seguridad nacional. Solo los estadounidenses deben elegir a sus líderes”, remarcó.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con una coalición de gobiernos locales, presentó una demanda federal contra la ampliación de la regla de carga pública. La normativa está prevista para comenzar a aplicarse el 18 de septiembre y permitiría considerar una lista más amplia de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente.

Qué dijo Mamdani sobre la demanda de Nueva York al gobierno de Donald Trump

La demanda fue presentada el 14 de septiembre ante un tribunal federal de Manhattan y cuestiona la regulación que aplicarán los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al analizar solicitudes de ajuste de estatus.

Según lo retomado por AMNY, la presentación fue realizada por Nueva York junto con Chicago, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y el condado de Santa Clara. En paralelo, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, impulsa otra demanda contra la misma regulación.

Ambas acciones buscan evitar que la disposición entre en vigencia el próximo 18 de septiembre. “La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

La coalición sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También afirma que la administración federal actuó de manera arbitraria y no cumplió con los procedimientos requeridos para establecer cambios sustanciales en las reglas migratorias.

Mamdani y el asesor jurídico municipal Steve Banks señalaron que el efecto de las nuevas políticas de la administración Trump podría alcanzar a familias que necesitan atención médica, programas de nutrición o asistencia habitacional.

“Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”, dijo Banks.

La ciudad fundamenta parte de su reclamo en el impacto que tendría la medida sobre una población inmigrante numerosa. Según los datos incluidos en la demanda y retomados por AMNY, Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población.

Qué cambiará con la nueva regla de carga pública que desafió Nueva York

• Hasta el 17 de septiembre, el Uscis considera principalmente la recepción de determinados beneficios en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.
• Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá incluir todos los programas públicos sujetos a evaluación según los ingresos que reciba el solicitante.

Entre los programas que podrán formar parte de la revisión aparecen:

• Ayudas económicas en efectivo
• Subsidios de vivienda
• Cupones de alimentos o SNAP
• Determinados programas de asistencia financiera para estudios universitarios

La nueva regulación rescinde el esquema establecido en 2022 y concede a los funcionarios mayor margen para valorar las circunstancias de cada persona. “Las familias que sigan cumpliendo todos los requisitos para recibir prestaciones sufrirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos lo pagarán”, cuestionó Mamdani.

El análisis no se limitará a determinar si alguien recibió un beneficio. El Uscis deberá considerar de manera conjunta factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la situación financiera, la educación y las habilidades.

Qué inmigrantes están sujetos y quiénes quedan fuera de la regla de carga pública

La modificación afecta principalmente a las personas que soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card, tanto mediante determinadas categorías familiares como laborales.

Para estos casos, la fecha del envío de la solicitud será relevante frente a la entrada en vigor de la nueva regulación.

Los solicitantes que presenten el I-485 de manera electrónica o cuyo formulario tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior deberán utilizar la nueva edición, fechada el mismo día.

También se modificaron las disposiciones relacionadas con las fianzas de carga pública mediante los I-945 e I-356.

La legislación mantiene excepciones para distintos grupos. Entre ellos figuran refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), víctimas de determinados delitos o trata mediante visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otras categorías protegidas.